Cuando leemos que el Congreso, en su Comisión de Igualdad,
decidió aportar, con el único voto en contra del Partido Popular, una
Proposición no de Ley registrada por el grupo Socialista, para que el Gobierne
regule, en los recreos, los juegos que deben practicar los niños de Primaria,
«para que se elaboren e impulsen protocolos de juegos no sexistas para que se
implanten y desarrollen en los espacios de juego reglado y no reglado en los
colegios públicos y concertados», solemos pensar que parece mentira que un
órgano tan importante del Estado, pueda dedicarse a estas menudencias, amén de
considerar que es una estupidez que no tomamos en serio, por considerarla
totalmente irracional y contra natura. Pues bien, desgraciadamente, no es un
producto de mentes calenturientas y enloquecidas en un momento de irracionalidad
colectiva sino que estamos ante un paso más de superregulación en orden a lo que
se denomina la Ideología de Género, que en España se está aplicando desde el
Gobierno, como una revolución sigilosa, un nuevo ensayo crítico «que se va
imponiendo de manera inadvertida y sinuosa en el sentido común y en la forma de
pensar de la mayoría de la gente, por ahora no consciente de la manera en que se
está manipulando y cambiando el modelo de sociedad y nuestra forma de vida, como
nos señala Jesús Trillo-Figueroa, en el prólogo de su libro
Ideología de
Género(Libros Libres, Madrid, 2009).Todo empezó con la corriente
que considero absolutamente correcta, de las reivindicaciones de la igualdad
jurídica y de oportunidades para las mujeres igual que la de los hombres
superando las diferencias que se habían producido descaradamente durante siglos.
Concretamente hasta el siglo XIX los papeles femeninos y masculinos han sido muy
estrictos, relegando a la mujer a la esfera privada del hogar, con una absoluta
tutela por parte de maridos y padres. Por ejemplo el Código Civil de 1889,
establecía que el marido era el único representante del matrimonio, y era el
administrador único de los bienes de sociedad conyugal, excepto los
parafernales, es decir, los bienes que ellas aportaban al matrimonio, pero, aún
en este caso, sin la autorización del marido tampoco podían manejar, gravar o
hipotecar estos bienes, así como comparecer en juicio. El voto femenino es del
primer tercio del siglo XX, es decir, prácticamente, de nuestros días.En
el siglo XIX se inicia un movimiento feminista y hay abundante literatura
profeminista en lo que podríamos llamar el feminismo de equidad «que,
sencillamente, se fundamenta en la creencia en la igualdad legal y moral entre
hombres y mujeres. La mujer, decía y dice, el movimiento feminista, está
sometida a un sistema patriarcal opresor y ha de liberarse de esta situación,
buscando el pleno reconocimiento de la igualdad. El feminismo y el movimiento
feminista buscarán, y pienso que en ello, hoy, estamos todos de acuerdo, la
igualdad de trato y de oportunidades para la mujer, dejando claro que se trata
de una igualdad de oportunidades en el punto de partida y de igualdad de
oportunidades en el punto de llegada, es decir, de resultados. Realmente este
objetivo, con mayor o menor dificultad, está logrado hoy día y, cada vez más,
hacia el futuro en que la mujer está alcanzando cotas de conocimiento y
capacitación indudables. Diría más, la actitud de las mujeres, hoy, es de
conquista y afán de llegar a los más altos puestos, arroyando en los estudios a
los hombres y, definitivamente, en todos los accesos mediante oposiciones o
concurso serios. El hombre, nuestros jóvenes masculinos, salvo una minoría, se
encuentran en una situación apática ante el estudio y el esfuerzo. Esto se
comprueba en la Universidad, en la que, salvo en las carreras técnicas, el tanto
por ciento de mujeres es mayor en número y en notas, lo cual claramente va a
repercutir posteriormente en el acceso a los puestos en la sociedad.
Es
preciso distinguir entre el feminismo y el movimiento feminista de equidad e
igualdad de oportunidades, del actual feminismo radical que adopta la teoría de
género y la convierte en ideología política y social que busca la igualdad
radical del hombre y la mujer. Esta ideología que es la que encarna y adopta el
feminismo radical socialista, se caracteriza por «un conjunto sistemático y
coherente de ideas encerrado en sí mismo, sobre la base de unos principios
simples y sencillos, que pretenden dar una interpretación total de la realidad,
del sentido de la vida, de la sociedad y de la historia. Se trata de un
reduccionismo, porque explica la totalidad desde una parte: la política y el
sexo. Estamos, pues, ante un doble reduccionismo: político y sexual
(Trillo-Figueroa 2009; 16).
Como nos recuerda José María Méndez,
Presidente de «Estudios de Axiología», «cuando ha estallado alguna revolución,
siempre ha habido algún pensador, que unos cincuenta años antes sembró las
funestas semillas que provocarían luego el devastador incendio».
Independientemente de que no todas las semillas sean funestas, ni todas las
revoluciones nefastas, en nuestro caso estamos ante una concepción que corrobora
lo dicho por José María Méndez. Hay «funestas semillas» y, consecuentemente,
«devastador incendio». Las semillas están sembradas en una línea en la que,
aunque la nómina es muy amplia y con lejanas raíces, podemos señalar, en el
siglo XX, a Simone de Beauvoir, Sartre, Foucault, Derrida, Marcuse, Reich y tres
mujeres que fundamentaron esta ideología: Kate Millet, Germain Freer y Shulamith
Firestone.
Las constantes ideológicas se pueden resumir en lo siguiente:1. El principio de que la diferencia entre los sexos no es algo natural
sino producto de una práctica social, es decir un «constructo social». El género
es una construcción cultural radicalmente independiente del sexo, viene a ser un
artificio libre de ataduras. No existe el sexo ni la diferencia sexual entre el
varón y la mujer como una realidad natural propia del ser humano, sino sólo
existen géneros, es decir, estilos, roles o papeles sociales opcionales en la
conducta sexual del individuo. Por consiguiente, si el sexo no es algo
predeterminado por el nacimiento, es consecuencia de una elección o deseo de
cada persona. El deseo se eleva así a categoría ética y jurídica.Simone
de Beauvoir, al inicio de su obra
El Segundo Sexo, afirma que la mujer
no nace, se hace: «No se nace mujer: llega una a serlo» (Beauvoir 1081; 13). Es
indudable que está influida por el existencialismo y marxismo de Jean-Paul
Sartre, del que fue compañera, aplicando su principio de que la existencia puede
a la esencia. Tema arduo en el que no podemos detenernos, aunque sí dar una
breve explicación. La filosofía ha distinguido entre «esencia», lo que el hombre
es y la «existencia», aquello por lo que un hombres es real y concreto. La
existencia dota de realidad concreta a la esencia, y ambas se presentan unidas
en cada ser concreto, pero partiendo de la esencia o naturaleza del ser humano
que es lo que lo define según su especie, pero con una naturaleza sexuada
femenina o masculina que forma parte de su persona. Jean-Paul Sartre (1999),
defiende un presupuesto radical distinto: la existencia es previa a la esencia,
planteando que si Dios no existe, hay por lo menos un ser que existe antes de
poder ser definido y este ser es el hombre, no definible, porque empieza por no
ser nada, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla, por lo
que el hombre es un producto de sí mismo, un resultado de su libertad. En este
pensamiento se basa Simone de Beauvoir (1981), cuando sostiene que la mujer es
un ser que se hace al proyectarse en el mundo, sin ninguna determinación o
naturaleza previa, ni por tanto naturaleza femenina.
2. Cada persona
debe elegir libremente el género al que le gustaría pertenecer, según la
orientación sexual que desea en cada momento o etapa de su vida. De aquí que
esta ideología fuese asumida, desde el primer momento por movimientos radicales
como el movimiento gay, de homosexuales y lesbianas. La diferencia sexual es la
primera alienación del ser humano, impuesta por la vida social y la cultura, a
través, especialmente de instituciones socializadoras como la familia y el
matrimonio, por ello, un objetivo fundamental de la tarea política debe ser
hacer desaparecer todo lo que perpetúa esa alienación. Como señaló Simone de
Beauvoir (1981), contundente y base de la teoría de género: La mujer casada es
esclava, condenada a la repetición: no influye sobre el porvenir; no se supera
hacia la colectividad a no ser por mediación del marido y está especialmente
esclavizada por la función reproductora; por la maternidad. Como consecuencia de
todos sus planteamientos, de Beauvoir concluye que la mujer debe emanciparse en
una doble dirección: por un lado, del dominio y de la explotación del varón y,
por lo tanto de las instituciones que sirven a este fin tales como el matrimonio
y la familia; así como de la represión sexual a la que ha estado sometida por la
religión y la moral tradicional. De otra parte, debe emanciparse de su propio
cuerpo, repudiando la maternidad. De aquí se deduce que están muy claras las
instituciones que hay que combatir: el matrimonio, la familia, la religión, la
moral tradicional y la maternidad. Pero no se trata de simples ideas, hay que
convertirlas en una realidad que transforme la sociedad mediante la revolución
feminista, que encarnan las feministas radicales socialistas. Se trata de
construir un nuevo modelo de Sociedad.
3. La ideología de género que
conecta con el nihilismo y el subjetivismo moral, que condenan al relativismo en
virtud del cual cada persona decide por sí misma qué es el bien y qué es el mal,
también conecta con el marxismo que postula un igualitarismo absoluto y el
camino de la praxis revolucionaria. Pero esta identificación que ha llevado a
considerar que constituye «el nuevo nombre del marxismo» tiene sus matizaciones.
En su obra, publicada en 1976, Shulamith Firestone, feminista de pro, reformuló
el feminismo como un proyecto radical, en el sentido marxista, apuntando a la
raíz del problema. La ideología del feminismo radical debe convertirse en una
alternativa al marxismo como solución global. Se basará en un «nuevo
materialismo histórico», en el cual en lugar de desarrollar una interpretación
materialista y económica de la historia, realizará una interpretación sexual de
aquella: la dialéctica del sexo. Se trata de «aquella concepción del curso
histórico que busca la causa última y la gran fuerza notoria de todos los
acontecimientos en la dialéctica del sexo: en la división de la sociedad en dos
clases biológicas diferenciadas con fines reproductivos, hombre y mujer, y en
los conflictos de dichas clases entre sí». Se ha sustituido o se ha puesto por
encima de la lucha de clases, la lucha de sexos. Hay pues un objetivo
revolucionario que transformaría la sociedad, pues la revolución de las mujeres
para controlar los medios de reproducción es paralela a la revolución del
proletariado para controlar los medios de producción, y, como dice, hoy es
técnicamente posible: la píldora, el aborto, etc. Hay pues que abolir la familia
biológica, pues su abolición «tendrá como efecto la liberación sexual y la
liberación consecuente de la cultura», sino también una nueva forma de
vida.
4. La extrema izquierda surgida a finales de los 70, en la que se
engloba el feminismo radical, cambió sus tácticas revolucionarias para
conquistar el poder, propias de la revolución clásica violenta desde arriba, por
la revolución desde abajo, mediante la conquista del poder a través de la
infiltración cultural, comenzando por la educación y continuando por los medios
de comunicación. Su modelo fue la revolución cultural marxista-maoista que trató
de destruir la milenaria cultura china con una eliminación o reeducación
sistemática de los sospechosos, especialmente intelectuales, mediante un lavado
de cerebro. Objetivo: nueva ideología, nueva cultura, nuevas costumbres, nuevos
hábitos. Aquí, en Occidente, se han seguido los planteamientos, en el campo del
marxismo, formados por Antonio Gramsci. Lo importante es conquistar el poder,
mantenerlo y conservarlo. La idea propulsora del pensamiento gramsciano es que
la revolución nunca se realizará verdaderamente mientras no se produzca, de un
modo en cierto modo orgánico y dialéctico, dentro de lo que llama una cultura,
que es lo que habrá de desmontar y sustituir al propio tiempo que se utiliza. La
vida humana para Gramsci, es un entramado de convicción, sentimiento, emociones
e ideas; es decir, creación histórica y no naturaleza. Si se cambian los
valores, se modifica el pensamiento y nace así una cultura distinta, y arma
principal, para ello, será la lingüística, que penetre en el lenguaje coloquial,
alterando el sentido de las palabras y sus connotaciones emocionales hasta crear
en quien hable una nueva actitud espiritual. Como ya sabemos en psicología
social, para cambiar las conductas, hay que cambiar las actitudes. Esta labor se
realizará actuando sobre los centros de irradiación cultural, universidades,
foros públicos, medios de difusión, etc., en los que, «aparentando respetar su
estructura y aún sus fines, se inoculará un criticismo que les lleve a su propia
destrucción», y todo ello mediante el pluralismo ideológico de la democracia.
Este análisis de sobre el qué y el cómo de la revolución cultural que propugna
Gramsci, es de una claridad meridiana.
5. Efectivamente, el lenguaje y
su utilización va a ser clave de entendimiento de la penetración social de la
ideología. La estrategia, como afirma Jorge Scala en su obra La
Ideología de Género o el Género como Herramienta de Poder
(Sekotia, Madrid, 2010), tiene tres etapas: «a/ La primera consiste en utilizar
una palabra del lenguaje común, cambiándole el contenido en forma subrepticia;
b/ luego, se va «bombardeando» a la opinión pública, a través de los medios de
educación formales –la escuela, medios de masa–. En ellos se utiliza el viejo
vocablo, pero girando progresivamente hacia el nuevo significado del mismo; y c/
finalmente la gente acepta el término antiguo, con el nuevo contenido». Y nos
pone un ejemplo directo con la palabra «género»: «Al comienzo, se usan los
términos sexo y género, de modo intercambiable, como si fueran sinónimos y
luego, cuando la gente se acostumbró a utilizar la palabra género, se le va
añadiendo, imperceptiblemente, el nuevo significado de “sexo construido
socialmente”, por contraposición al sexo biológico. El proceso final, es el
común de los mortales hablando de género, como una autoconstrucción libre de la
propia sexualidad; aún cuando esto no es posible. Y la afirmación de que es
posible lo imposible, exterioriza el “lavado de cerebro” de buena parte de la
sociedad» (Scala, 2010, 10-11).
La ideología de género utiliza palabras
que podemos llamar «talismán» como: opción, igualdad, derechos, salud,
matrimonio, familia, etc., que tienen por sí mismo un sentido y aceptación
generalizada, y centrales en el lenguaje político-social de uso normal y
corriente. Desde esta perspectiva se van introduciendo palabras y exposiciones
de nuevo significado pero difíciles, en muchos casos de rechazar: «opción
sexual», «igualdad sexual y de género», «derechos sexuales y reproductivos»,
«salud sexual y reproductiva», «empoderamiento de la mujer», «patriarcado»,
«sexismo», «ciudadanía», «derecho al aborto», «embarazo no deseado», «tipos de
familia», «matrimonio homosexual», «parentalidad», «homofobia», «criatura», y un
largo etcétera que los oímos, hoy, con frecuencia y como normales y aceptados en
los medios de comunicación.
Aunque muchos irán saliendo a medida que
avancemos en esta exposición, quiero aclarar el significado de algunos de ellos:
«Genero»: sexo construido socialmente, y la libertad para construir
individualmente el propio género implica una «autonomía absoluta» y a esa
elección absolutamente autónoma se le denomina «opción sexual». Los medios para
evitar los embarazos y enfermedades de transmisión sexual constituyen los
«derechos sexuales y reproductivos» sería el ejercicio de la sexualidad
apetecida por cada quien sin contraer ninguna enfermedad. El sistema imperante
hasta nuestros días ha sido el «patriarcado» que implica el total dominio del
hombre sobre la mujer, mediante una radical diferenciación de funciones: el
hombre hacia fuera, realizándose plenamente en su profesión y la vida pública y
la mujer hacia adentro, relegada al hogar, la reproducción y el cuidado de los
hijos. De aquí la necesidad y el objetivo del «empoderamiento» de la mujer, que
significa superar la desigualdad de género, consiguiendo ser partícipe del poder
político, económico y social accediendo plenamente al trabajo y la vida pública.
En definitiva, la mujer conquista el poder en todos los ámbitos y sin
restricciones en tipos de trabajos ni funciones. De aquí que frente a la
«desigualdad de género», producida por el «patriarcado», hay que conseguir la
«igualdad de género» que significa que hombres y mujeres son iguales, en el
sentido de idénticos y por consiguiente absolutamente intercambiables. De este
planteamiento surgen conceptos que pueden atentar a esta igualdad y libertad:
«sexismo» que representa cualquier limite puesto a la conducta sexual y
«homofobia» que es considerar que las relaciones naturales entre los seres
humanos son las heterosexuales ya que esto implicaría tener fobia a la igualdad
entre los géneros, entendida esta igualdad como identidad.
La
preocupación y ocupación del lenguaje es característica destacada de esta
ideología. En su obra Sexismo Lingüístico, María Ángeles Calero señala
que una de las manifestaciones de la discriminación que han sufrido las mujeres
es la lingüística. En las sociedades patriarcales los sistemas presentan una
marcada óptica masculina, que es lo que se llama «androcentrismo». De aquí que
hay que emplear la técnica del «desdoblamiento» que consiste en establecer una
clara distinción en la designación lingüística de ambos géneros, separando la
referencia a cada uno y designando con géneros gramaticales distintos a
personas, instituciones y cosas. La consecuencia es el «barbarismo» empleado con
demasiada frecuencia y que desgraciadamente ha calado en la generalidad de la
gente, de «los ciudadanos», «las ciudadanas», «todos» y «todas», etc., que ha
llevado a que una ministra socialista se atreviera a decir «miembros» y
«miembras». Al respecto incluso el parlamento Europeo, en un informe de 13 de
Febrero de 2008, ha tenido que señalar que la forma correcta de hablar es
utilizar el principio de neutralidad en cuanto al género y como nos transcribe
Trillo-Figueroa (2009): «la utilización de los genéricos gramaticales o
desdoblamiento (los ciudadanos y las ciudadanas) puede constituir un recurso
admisible en el lenguaje oral pero no resulta apropiado en documentos de
carácter formalۚ». Con respecto a estas reiteraciones la Academia es muy clara:
«El empleo de circunloquios y sustituciones inadecuadas: diputados y diputadas
electos y electas, en vez de diputados electos, o llevaré los niños y las niñas
al colegio en vez de “llevare los niños al colegio”, resulta empobrecedor». En
este terreno las radicales han librado su particular batalla contra la Real
Academia de la Lengua, y el caso más claro de la búsqueda de nuevos términos que
reflejen los conceptos que quieren definir es la expresión «violencia de
género». A este respecto, el 19 de Mayo de 2004 se publicó el «Informe de la
Real Academia Española sobre la expresión de violencia de género». En este
informe se analiza esta locución desde el punto de vista lingüístico, recordando
que es una expresión originada en el inglés con ocasión de la Conferencia de ONU
sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995 y planteándose su posible uso en
español. Textualmente el dictamen determina: «La palabra género tiene en español
los sentidos generales de “conjunto de seres establecido en función de
características comunes” y “clase o tipo”: Hemos clasificado sus obras por
géneros; ese género de vida puede ser pernicioso para la salud. En gramática
significa “propiedad de los sustantivos y de algunos pronombres por la cual se
clasifican en masculino, femeninos y, en algunas lenguas, también en neutros”:
el sustantivo “mapa” es de género masculino. Para designar la condición
orgánica, biológica, por la cual los seres vivos son masculinos o femeninos,
debe emplearse el término sexo: las personas de sexo femenino adoptaban una
conducta diferente. Es decir, las palabras tienen género (y no sexo), mientras
que los seres vivos tienen sexo (y no género). En español no existe tradición de
uso de la palabra género como sinónimo de sexo». Por lo que la Real Academia de
la Lengua concluye que en nuestro idioma no se puede emplear violencia de género
sino «violación sexual» o «violencia doméstica». A mayor abundamiento, en la
Nueva Gramática de la Lengua Española, aceptada por las
veintidós Academias de la Lengua se ratifica con meridiana claridad: «Género es
una propiedad de los nombres y de los pronombres, tiene carácter inherente y
produce efectos en la concordancia con los determinantes, los adjetivos… y no
está relacionado con el sexo biológico. Las personas no tenemos género, tenemos
sexo. De ahí, que la expresión “violencia de género” sea incorrecta porque la
violencia la cometen las personas, no las palabras. En nuestra lengua se debe
decir violencia sexual o violencia doméstica, como nos indica la Real Academia
Española». Es evidente que escribir bien y con propiedad es fundamental como
expresión del pensar en libertad y ayuda a los demás para hacerlo y comunicarnos
libremente. Bien es verdad que el lenguaje de los móviles no está ayudando en
este sentido y así, por ejemplo, hay que señalar que la arroba (@) no es una
letra, por más que quieran emplearla con el doble sentido de género.
El Feminismo Radical en España
Estamos, según la
autora feminista Amelia Valcarcel (2006), en la tercera ola del feminismo en la
que los temas centrales son el poder y el sexo, constituyendo esta fase en la
que el feminismo radical se convierte en ideología de género. En esta fase el
reto está en dos tipos de agenda: «contra la honestidad» y la «agenda del
poder». El radicalismo español de la tercera ola nace en las aulas
universitarias y en las generaciones que llegan a ellas al filo de los setenta y
su objetivo era, fundamentalmente, «contra la honestidad». En la agenda radical
estaban los derechos sexuales y reproductivos, que envolvían la libre práctica
del sexo, el divorcio, la anticoncepción y el aborto, lo cual, según Valcárcel,
está cumplido en España, ya que en los últimos treinta años se han producido
cambios valorativos irreversibles, viniendo a establecer una «nueva eticidad
femenina». España, nos dice, vivía en el fundamentalismo católico, estando la
Iglesia constituida en el máximo interprete de la realidad y se aplicaba a ello
reviviendo la representación escolástica del mundo. Este ataque, como objetivo
primordial, a la Iglesia Católica, prácticamente se reproduce en todas las
representantes del feminismo español. Así, también, Celia Amorós, otra ínclita
representante de esta corriente, señala que la revolución feminista exige una
transformación social que se ve impedida por la existencia de una ética
normativa fija, añade que «el enemigo de la moral es por tanto la religión».
El feminismo radical en España se encarna en la Universidad y hay
abundantes profesores que, a su vez, desde la década de los setenta, han ido
formando a profesionales que hoy están en todos los ámbitos de la educación y de
los sectores más variados de la vida pública, especialmente en órganos
municipales y autonómicos copando los organismos dedicados específicamente a la
mujer y a la educación. En este llegar al poder político no debemos olvidar que
han llegado al consejo de Ministros con el gobierno socialista, en Ministerios
de relevancia, así como a los órganos consultivos y judiciales. Hoy están
prácticamente en la urdimbre de la vida política española. Según datos sacados
de la obra de Trillo-Figueroa (2009) podemos rastrear el periplo vital de
algunas destacadas feministas radicales españolas. Amelia Valcárcel nació en
1942, en Madrid, y es catedrática de Ética y Política de la UNED. Fue finalista
del premio Nacional de ensayo por su obra Hegel y la Ética. En 1993 fue
consejera de educación, cultura, deportes y juventud del gobierno del Principado
de Asturias con el PSOE. En 1994 fue finalista del Premio Nacional de Ensayo por
su obra Del miedo a la Igualdad; en 1995 es nombrada directora de
Leviatán, revista de pensamiento político editada por la Fundación Pablo
Iglesias. En 1996 se afilia al PSOE. A partir de 1997 forma parte del jurado de
los premios Príncipe de Asturias y actualmente es miembro del Consejo de Estado.
Celia Amorós, nacida en 1945, considerada la más caracterizada filósofa radical
española, es doctora por la Universidad de Valencia, obtiene en 1985 al Cátedra
de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de
Teoría del Conocimiento, y de 1989 a 1993 ha dirigido el Instituto de
Investigaciones Feministas de la Complutense. Es una intelectual muy activa con
asistencia a Congresos nacionales e internacionales, conferencias, dirección de
tesis doctorales y significativas publicaciones. En 2006, ha obtenido el Premio
Nacional de Ensayo por su obra Feminismo y Partidos Políticos.
Tanto Amalia Valcarcel como Celia Amorós sostienen que el feminismo es
hijo de la Ilustración: es heredero directo de los conceptos ilustrados y es
ilustrado él mismo. Sin embargo, la Ilustración realmente en sus ideales de
libertad, igualdad y fraternidad y en la emancipación de criterios externos y
proclamar la autonomía moral se dirigía sólo a la parte masculina dejando fuera
y relegadas a las mujeres a la vida privada y doméstica, por lo que «las
feministas deben construir una crítica al tiempo que también un proyecto para
conseguir los ideales de emancipación establecidos por la Ilustración». Se trata
pues de una emancipación y de un proyecto para conseguirla con plenitud. La
ideología de género aparece así como un proyecto ético, un proyecto perfectivo,
atinente al deber ser de «la mujer nueva» y de la «transformación revolucionaria
de las relaciones entre los sexos» (Posada 2000; 45). En esto consiste el nuevo
concepto de ciudadanía, para cuya obtención es necesario realizar el paradigma
del reconocimiento del «reconocimiento», que es lo que hace posible la «justicia
sexual» propia del feminismo, más allá del liberalismo y del socialismo. Como
dice Alicia Miyares (2003), en su obra Democracia Feminista, la idea
del reconocimiento tiene por objeto erradicar las tres estructuras que
diferencian entre los sexos: las «ideologías de género», «las normas sexuales» y
los «estereotipos de sexo», para alcanzar lo que Celia Amorós llama «genérico
emancipador». Ello se logra mediante la «educación cívica» en el nuevo concepto
feminista radical de «ciudadanía», de «igualdad» y de
«reconocimiento».
Alicia Miyares es la discípula mas acreditada de Amelia
Valcárcel, es Doctora en Filosofía y forma parte del Consejo Rector del
Instituto Asturiano de la Mujer y secretaria de la Asociación Española de
Filosofía «María Zambrano». Luisa Posada Kubissa es profesora de la Universidad
Complutense de Madrid en el Departamento de Filosofía y tiene una obra sobre
Celia Amorós (Ed. Orto. Madrid. 2000).
Para corroborar este
componente universitario que lógicamente impregna al nivel universitario y a las
nuevas generaciones, de ideología de genero, citaré, por último, sin carácter
exhaustivo: Ana de Miguel Álvarez, profesora titular de la Universidad de la
Coruña, Ángeles J. Perona, profesora titular de la Complutense de Madrid, la
argentina nacionalizada española, Alicia H. H. Puleo, directora de la Cátedra de
Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, Asunción Oliva Portoles,
catedrática de Instituto de Filosofía, Cristina Molina Petit doctora en
Filosofía miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad
Complutense y Raquel Osborne, profesora titular de Sociología del Género de la
UNED.
El empoderamiento de la mujer es un hecho en nuestras sociedades
occidentales, lo cual es un hecho positivo como igualdad y desarrollo de las
personas, pero que éste se lleve a cabo desde la perspectiva de la ideología de
género, representa una distorsión perversa de la naturaleza humana. Es indudable
que, en el caso de España, la Universidad, las instituciones educativas a todos
los niveles y, por descontado en todas las consejerías, institutos y concejalías
dedicadas a la mujer, que en los últimos años han surgido por doquier,
prevalecen en su responsabilidad mujeres que defienden, practican y aplican la
ideología de género, como expresión de un progresismo revolucionario que
alumbrará una nueva sociedad. Esta expansión ha dado lugar a que «España ha sido
el único país Occidental en el que la ideología de género ha llegado al poder
constituida en la nueva ideología del Partido Socialista; por esa razón, España
se ha convertido en el campo de ensayo de todas sus propuestas, que se van
imponiendo paso a paso como si hubiese un plan premeditado para ello». Desde la
perspectiva política existe una agenda, que está siendo puesta en práctica por
el socialismo en el poder; «una agenda pensada y elaborada durante muchos años y
cuyo resultado supondrá nueva revolución cultural en nuestro país, pionero a
este respecto en el mundo occidental» (Trillo-Figueroa, 2009; 145).
Hay
que decir que nuestras feministas radicales no son las «madres de la ideología,
sino que responden a un movimiento occidental, del cual no podemos ocuparnos en
este trabajo, pero sí indicar, que además de los precedentes filosóficos de la
«muerte de Dios», hay entre otras, tres grandes representantes del feminismo
radical en Occidente, cuyas vidas atormentadas y desquiciadas no son
precisamente ejemplares, pero cuya influencia es un hecho incuestionable: Kate
Millet (Minesota, 1934) con sus obras Política sexual; En pleno
Vuelo y Revolución Sexual y la Liberación de los Niños; Germaine
Greer (Melbourne, 1939) que publica La Mujer Eunuco y Sexo y
Destino; Shulamith Firestone (Otawa, 1945) autora de La
Dialectica de Sexo. A esta última se le otorgó el Premio Príncipe
de Asturias, 2003, por «su aportación de una perspectiva complementaria en el
diálogo de las culturas». Por descontado, todas estas obras están editadas en
España.
Lógicamente, lo dicho no quiere indicar que no hay una fuerte
reacción y rechazo por parte de una gran mayoría a las mujeres de esta
estridente ideología, que la gran mayoría no conoce, pero que va arraigando en
la conciencia colectiva en su terminología y conceptos de libertad e igualdad.
En 1972 la periodista italiana Oriana Fallaci, le pregunta a la primera ministra
de Israel, Golda Meir sobre el movimiento femenino de liberación y, ésta le
respondió: «¿Se refiere a esas locas que queman sostenes y andan por ahí
desquiciadas y odian a los hombres? Son locas. Locas. ¿Cómo se puede aceptar a
locas como esas, para quienes quedar encinta es una desgracia y tener hijos es
una catástrofe? ¡Si es el privilegio mayor que nosotras las mujeres tenemos
sobre los hombres!».
La aplicación de la Ideología de Género en
España
La ideología de Género, de la mano de las feministas
radicales socialistas, desde el Gobierno Socialista, se está aplicando en
España, mediante diversas acciones normativas que las introducen de una manera
práctica en la vida de la sociedad española. La lucha contra la violencia de
género se convierte en la estrategia política fundamental de la ideología de
género. Es lo que algunos llaman el «feminismo victimista». Cuando llega al
poder el partido socialista se presentaron como si anteriormente no hubiera
habido ninguna norma o plan de lucha contra la violencia doméstica y que España
era el reino de la violencia que las feministas justicieras del socialismo
limpiarían de toda huella de machismo. Pues, mal que les pese, no era así. El
gobierno del partido popular ya aprobara leyes que trataban este tema: Ley
Orgánica 11/2003 de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana,
violencia doméstica e integración social de los extranjeros, y, como
consecuencia, la Ley Orgánica 15/2003 que modificaba el Código Penal y la Ley
27/2003 reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia
doméstica, así como dos «planes integrales contra la violencia doméstica»
(1998-2001 y 2001-2004).
Para las radicales feministas socialistas esto
no era suficiente, pues ellas pretendían luchar contra lo que llamaban «machismo
criminal» e introducir el concepto de «violencia de género». Por esto, nada mas
llegar al poder promulgan la Ley Orgánica 1/2004, de «medidas de protección
integral contra la violencia de género». La ley trata de proteger exclusivamente
al género femenino, es decir, la violencia manifestada por los hombres sobre las
mujeres como consecuencia de la «desigualdad existente». Lejos está la
protección jurídica de la violencia de un género sobre el otro, sino que el bien
jurídico protegido es exclusivamente el femenino en su integridad física, frente
al maltrato «en el seno de las relaciones de pareja, la agresión sexual y el
acoso», por una actitud propia del hombre que considera a la mujer inferior. En
su exposición de motivos se dice textualmente «La violencia de género no es un
problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el
símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de
una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por
ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de
libertad, respeto y capacidad de decisión». Podemos observar que ya se ha
introducido el concepto radical de «violencia de género» y se ha proclamado que
«lo privado es público», objetivos manifestados por las feministas radicales
desde el principio. Se habla de la carencia de unos derechos básicos de
«libertad, respeto y capacidad de decisión» que no en sus mínimos, sino
plenamente y de forma absoluta estaban reconocidos desde veinte años antes y
ratificado por nuestra Constitución de 1978 y por las leyes, que antes hemos
señalado, sobre la violencia doméstica. La cuestión es que han conseguido hacer
creer a la generalidad que gracias a los socialistas este gran problema está
planteado adecuadamente, aunque, hasta ahora, desgraciadamente, no parezca que
vaya a desaparecer, a pesar de los esfuerzos de las radicales.
De otra
parte está lo que llaman la «ampliación de derechos», que se basa en el derecho
a la igualdad, que para obtenerla la mujer ha de tener la plena y soberana
decisión sobre la interrupción del embarazo, sobre la anticoncepción o la
maternidad. Así mismo es fundamental la libre orientación sexual e identidad de
género, que implica la posibilidad de optar por una u otra orientación sexual,
es decir: heterosexual, bisexual, transexual, lesbiana u homosexual. Este
derecho da lugar a una concreta identidad de género libremente
elegido.
Todo este programa de «deconstrucción» se lleva a cabo mediante
la Ley 13/2005, la Ley 2/2007 y la Resolución del 29 de Junio de 2005, todas
promulgadas por el gobierno socialista. Estas leyes y resolución hablan de sexo,
pero para dominar y poner de manifiesto ante la opinión pública, «una larga
trayectoria de discriminación a lo largo de la historia basada en la orientación
sexual». La Ley 13/2005, por la que se modifica el Código Civil en materia de
derecho a contraer matrimonio y la Resolución del 29 de Junio de 2005, sobre
matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. Con el matrimonio homosexual
se cumple el gran objetivo de resignificar el matrimonio entre hombre y mujer,
unidad mínima y básica del orden social que asegura la continuidad de la especie
y del orden social, mediante la socialización de sus miembros. La
resignificación del matrimonio se manifiesta, también, en el lenguaje, pues las
referencias de marido y la mujer se han sustituido por la mención a los
«conyuges» y a «los consortes».
Superado y neutralizado el concepto
histórico del matrimonio el siguiente paso ha sido neutralizar el sexo. La Ley
3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención de sexo en las
personas, concede todo tipo de facilidades para llevar a cabo el cambio de
identidad de género, «cuando dicha inscripción no se corresponde con su
verdadera identidad», y para ello basta acreditar «la existencia de disonancia
entre el sexo morfológico o género fisiológico, inicialmente inscrito y la
identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la
estabilidad y persistencia de esa disonancia». Esta Ley se enmarca dentro de las
llamadas «políticas de igualdad» que quieren dar un nuevo enfoque a los derechos
humanos a través de las normas jurídicas, consagrando los conceptos de
«orientación sexual» e «identidad de género», tal como lo establece al Estatuto
de Autonomía de Andalucía (LO 2/2007), cuyo artículo 35 dice: «todos tienen
derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Los
poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de estos
derechos».
La «deconstrucción» del matrimonio lleva a la «deconstrucción»
de la familia, mediante los llamados modelos de familia. En el Estatuto de
Autonomía de Cataluña se establece la protección por los poderes públicos de
«las distintas modalidades de familia previstas en las leyes». El de «modelos de
familia» es uno de los conceptos más queridos por el feminismo socialista
español. Así Rosa Regás afirma que «no hay un modelo de familia y de convivencia
porque cada cual tiene que inventársela en función de sus apetencias, de sus
necesidades y de la historia que lo o la acompaña». Contribuye a esta
«deconstrucción» la ley conocida por el «divorcio exprés». Esta es la Ley
15/2005, «por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento
Civil en materia de separación y divorcio», que representa la posibilidad del
divorcio sin causa, y en cualquier momento a partir de transcurridos tres meses
de la celebración del matrimonio. Esta ley, según su exposición de motivos
representa «el evidente cambio en el modelo de concebir las relaciones de pareja
en nuestra sociedad [...] así pues, basta con que uno de los esposos no desee la
continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el
demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales y sin que el juez
pueda rechazar la petición».
Otro objetivo de la ideología de género es
la emancipación de la maternidad, que se ha introducido en España, primero con
una mentalidad antinatalista que hizo que en 1999 se alcanzara un índice de
1.07, que constituyó el índice más bajo del mundo y que se consagra en la Ley
llamada del aborto (2/2010), que ya en su título hay un manifiesto engaño,
utilizando los eufemismos, que cambian el sentido del lenguaje y de los
conceptos, pues se denomina «Ley de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo». Esta ley reconoce el aborto como un
derecho, considerando que la protección de la autonomía personal de la mujer en
materia sexual y reproductiva es el contenido fundamental de la salud sexual y
reproductiva. Esta ley destruirá la autoridad y la patria potestad de los padres
y puede romper la armonía familiar, es decir, romper y emponzoñar la familia, al
convenir que las menores de 16 años puedan abortar sin el conocimiento ni el
apoyo de sus padres. Todo ello con la consolidación jurídica del aborto como un
derecho, lo cual entiendo una aberración social de incalculables
consecuencias.
Todas estas disposiciones se complementan con otras
teóricamente diferentes pero en íntima relación con éstas y con los
planteamientos de género, que tratan de sustituir la «reproducción humana» por
la «reproducción artificial», en un ataque a la maternidad, según lo que las
feministas radicales socialista llaman la «ideología de la maternidad». Así la
Ley 14/2006, «sobre técnicas de reproducción humana asistida», cuando la
«reproducción humana» es y debe ser el resultado de la unión sexual entre un
hombre y una mujer y no otra cosa. La ley 14/2006 y la 14/2007 en las que se
introduce y consagra el concepto de «pre embrión», como algo manipulable y
desechable. Como recalca Trillo-Figueroa (2009) «la palabra pre embrión no tiene
otra finalidad que despojar al embrión de su carácter de individuo de la especie
humana irrepetible e ineductible, porque ya tiene un código genético propio, que
es lo que lo dota al ser humano de individualidad y potencial personalidad».
Este nuevo concepto, «reconstructor» del embrión es el que permitió poder decir
a nuestra ministra de Igualdad que «el feto es un ser vivo, pero no humano», o
que «el comienzo de la vida es una cuestión de preferencias», conceptos
ratificados en el Parlamento cuando se explica que «No puede compartir la
afirmación de que la interrupción del embarazo sea eliminación de la vida de un
ser humano», porque «sobre el concepto de ser humano no existe una opinión
unánime, una evidencia científica», pues por «vida humana nos referimos a un
concepto complejo basado en ideas o creencias filosóficas, morales y sociales,
y, en definitiva sometido a opiniones o preferencias personales». En definitiva,
se viene, también, a deconstruir el derecho a la naturaleza. Será un ser humano
lo que decida la ley, el poder y la ideología.
Muy importante y
significativa es toda la legislación de Educación, que desde la Ley Orgánica
2/2006, en que se crea la asignatura de «Educación para la Ciudadanía», hasta
las demás normas que desarrollan esta asignatura, se deja sentir expresamente el
mandato de que la materia se enseñe desde la perspectiva de género. Pero es
necesario tener en cuenta que la introducción del género en la enseñanza ya lo
había iniciado el Partido Popular. Durante su gobierno se aprobaron dos planes
integrales contra la violencia doméstica. En el segundo, de 11 de Mayo de 2001,
se establecía, entre las «medidas preventivas educativas dirigidas a la
prevención de la violencia contra las mujeres que contenga una clara perspectiva
de género», así como la «adaptación de materiales didácticos afectivos-sexuales
para su utilización on-line por las diferentes administraciones educativas». La
ejecución de estos trabajos se encargó al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, en colaboración con el Instituto de la Mujer y fruto de este encargo
fueron los manuales La educación sexual de la primera infancia y la
Guía para Madres y padres y profesorado de educación infantil,
ambos editado en 2003, y La Educación sexual de niñas y niños de 6
a 12 años editado en 2006, ya con el Gobierno socialista. Los tres
elaborados por el Instituto de la Mujer y, aunque el gobierno había cambiado, el
último es continuación de los anteriores, pues las autoras e ideólogas eran las
mismas.
Todas las autoras feministas radicales presentan, como auténtica
obsesión, la sexualidad de los niños, y cómo la educación sexual infantil es una
pieza clave para construir la nueva ciudadanía de género. Me limitaré a
transcribir algunos párrafos de los textos antes citados. «Una parte de nuestra
tradición cultural ha entendido que la sexualidad tiene como único fin la
reproducción de la especie y que ésta sólo tiene sentido dentro del matrimonio.
Esta concepción de la sexualidad hace entrever que la sexualidad está centrada
en las prácticas coitales y que, por tanto, la sexualidad infantil no existe:
Todo ello es falso y se basa en un mito». «Es importante insistir en que pueden
disfrutar en una relación sexual con otra persona sin coito, que no lo tienen
que practicar si no lo quieren o no se sienten preparadas o preparados y que,
sobre todo, cuando ya tienen 11 ó 12 años, sepan cómo se usa un preservativo
para que, más adelante, no se lleven sustos innecesarios». «En general, con
pocos años ya no hace falta insistir demasiado en que la masturbación es una
práctica íntima, en parte porque ya lo han aprendido. Lo que sí es necesario
explicarles es que no se trata de algo dañino o negativo». Y cuando se trata de
quién tiene competencia para la educación sexual se establece: «tradicionalmente
se ha creído que la familia es el único lugar realmente autorizado para hacer
educación sexual […] sin embargo, hoy en día, el concepto de familia ha variado
mucho, confluyendo en él muchos tipos de convivencia […] Así mismo, la
información y educación sexual han pasado de ser una tarea propia del ámbito
privado de la familia y del entorno más íntimo, a formar parte de la vida
social, cultural, política y educativa. De tal modo que, hoy en día, se acepta y
se considera necesario que la escuela también juegue un papel importante en esta
tarea». Es decir que la educación sexual ha dejado el ámbito privado de la
familia para ser obligación del ámbito público con responsabilidad de la
escuela, que se regula políticamente.
La ley Orgánica de Educación 2/2006
del 3 de Mayo define que la educación «no puede estar predeterminada por
criterios pragmáticos sino que ha de formar ciudadanos. Por esta razón, el
Estado debe asumir la responsabilidad de formar a los ciudadanos en la
ciudadanía». He aquí el elemento central y objetivo del feminismo radical. Como
señala Olga Sánchez (1994), en su artículo «Lo invisible y visible de la salud
de las mujeres»: «se podría decir que la lucha por la ciudadanía de las mujeres
es la lucha política contra todas las formas de dominación, porque para ser
ciudadanas con plenos derechos y posibilidades reales para su ejercicio, se debe
realizar una “batalla” permanente y cotidiana para transformar el lugar y el
papel asignados a la mujer. Para construir la ciudadanía las mujeres deben vivir
un doble proceso: ganar reivindicaciones en el plano social, político, económico
y cultural, y transformarse a sí mismas, erradicando de su interior la sumisión
por largos años asumida» (Sánchez, 1994; 51).
Ahora bien, creo acertada
la observación que hace Jorge Scala (2010), cuando sostiene «La pura realidad es
que a la casi totalidad de las mujeres, no les interesa lo más mínimo adquirir
una ciudadanía en esos términos. Es decir, no les interesa una guerra sin
cuartel con los varones, les encanta tener hijos con ellos –y no solas–, y les
interesan los mundos laborales y políticos, sin que ellos sean un fin exclusivo
en sí mismos. Como las feministas de género han advertido esta realidad,
entonces se ha propuesto imponer por ley la ciudadanía a las nuevas
generaciones, a través del sistema educativo escolar».
Es, pues, una
imposición y adoctrinamiento desde el Estado, pues en sí mimo sería un loable
propósito y ese es deber de la familia, de la escuela y preocupación del Estado
el formar ciudadanos. Coincido con el análisis de Trillo-Figueroa (2009), si la
propuesta fuera una mayor profundización en la democracia, a través de la
educación desde la infancia en las virtudes cívicas, entendiendo por tales las
normas que rigen el derecho constitucional del país, la convivencia democrática,
la organización de la Administración y la organización territorial del Estado,
sería perfectamente admisible e incluso loable, pero, a tenor de la regulación
de la Ley y de los Decretos de desarrollo de la educación para la ciudadanía, es
el adoctrinamiento en la «ideología oficial», y particularmente en lo que se ha
estudiado como «ideología de género». El nuevo concepto de ciudadanía lo define
Rodríguez Zapatero como «la extensión de derechos» los cuales son el derecho a
la protección integral de las mujeres frente al machismo criminal y a la
dominación, el derecho a la igualdad de las mujeres con los hombres y el derecho
de la igualdad de las mujeres en el trabajo y, así mismo, los derechos de los
gays y lesbianas y el matrimonio de los homosexuales. Se deduce de estas
palabras que la ciudadanía se identifica con la «ampliación de derechos»
reivindicados por la «ideología de género» e implementados a través de las
llamadas «políticas de igualdad».
Siguiendo a Alicia Miyares (2003), la
educación debe ser cívica y la «ciudadanía» prevalece sobre el derecho de los
padres, por lo que es el Estado el que debe formar ciudadanos. La educación, por
exigencias de la justicia sexual, debe ser forzosamente «coeducación». «La
“educación sexista” se debe a que no hay una política educativa comprometida con
la idea de igualdad como reconocimiento». «La realidad es que ninguna creencia
religiosa debe interferir los fines morales y sexuales educativos del Estado».
Por lo que una educación sexual «debería ocupar el espacio que hoy ocupa
espuriamente la enseñanza de la religión» (Miyares, 203; 102). Sostiene que la
ciudadanía por parte de la mujer, representa la igualación absoluta, la
identidad como sujetos del hombre y de la mujer sin diferencia, por lo que es
necesaria una «educación sexual», para construir un nuevo modelo de ser humano
indiferente sexualmente.
No debe extrañar, pues está en la «agenda de
género», que en el proyecto de Ley de «Igualdad de trato y No discriminación»
aprobado en Consejo de Ministros en 2011 se establezca en su art. 16 que «en
ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a
grupos o personas individuales por razón de alguna de la causas establecidas en
esta ley podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública», y una de
las causas fijadas por el proyecto de ley es el sexo. La retirada del concierto
público a los colegios de educación diferenciada es una antigua y continua
reivindicación de los sindicatos y de asociaciones de padres laicos como la
CEAPA. Pero lo que ahora se quiere extender a nivel nacional ya lo han
realizado, suprimiendo los conciertos a los centros diferenciados, las
comunidades, gobernadas por el PSOE, de Cantabria, Castilla-La Mancha, Andalucía
y Baleares. «El proyecto de Ley de igualdad de trato y No Discriminación»,
«trata de construir una sociedad que no humille a nadie y también una sociedad
que no permita que nadie sea humillado». Se trata pues de una «ingeniería
social» de «construcción de una sociedad». Como señala Juan Manuel Prada (ABC,
10 enero 2011), el sentido de tan rimbombante Ley, «no es otro sino proseguir la
hoja de ruta trazada hace siete años por el gobierno de nuestro ínclito
Zapatero, espejo de príncipes y caballeros; hoja de ruta que no ha rectificado
ni un ápice desde entonces y que ha demostrado ser la única línea de actuación
coherente de su gobierno, el único empeño en el que nuestro esforzado paladín no
ha titubeado, así llovieran crisis económicas o sapos del cielo. Y esa hoja de
ruta es la marcada por la ideología de género». Pero el proyecto de ley pretende
dar un paso de «control totalitario», y de auténtico golpe de gracia contra el
Estado de Derecho. Se señala que «queda prohibida toda conducta, acto, criterio
o práctica» de los tipificados. No se trata de prohibir conductas, actos contra
lo tipificado, sino también el posible «criterio» acerca de ello, lo cual
significa que no se puede analizar, ni opinar sobre los casos tipificados en la
ley. Es decir, claramente, se castiga el pensamiento y análisis de las
cuestiones, situaciones o conductas que la ley tipifica y, por descontado, no se
puede criticar la propia ley. La única verdad, lo único que tenemos que aceptar,
sin someterlo a ningún análisis racional, es lo que la ley diga. Si escribo o
hago una manifestación de discrepancia hacía el matrimonio de homosexuales y
sigo sosteniendo que matrimonio es sólo la unión de un hombre y una mujer, soy
reo de homofobia y pueden caer sobre mí las penas y sanciones establecidas en la
ley. Pero el proyecto da un paso más pues habrá una especie de comité designado
por el Gobierno que, sin intervención alguna judicial, se dedicará a «prevenir,
aleccionar y corregir toda forma de discriminación en el sector público y
privado». Se actuará por denuncias o por iniciativa propia del comité y la carga
de la prueba recae sobre el denunciado que tendrá que demostrar su inocencia,
tal como señala: «Corresponderá a la parte demandada […] la aportación de una
justificación objetiva o razonable». Esta especie de comité policial se puede
identificar con la acción de la «policía de la moralidad» de los ayatolas
iraníes y en otros países musulmanes, así como la «ley de blasfemia», que se
aplica por los islamistas y que ahora pretenden que la Asamblea General de la
ONU dé cobertura mundial y que restrinja la libertad de expresión en Occidente
con respecto a las religiones. Como escribe Hermann Tertsch: «La Ley otorga al
gobierno poder absoluto para intervenir en conductas individuales, empresas,
organizaciones, relaciones personales o asociativas. El gobierno tendrá
capacidad de intervención en todas y en cada una de las actuaciones y relaciones
privadas y públicas de los individuos. Plena discrecionalidad. Una ley de leyes
de ingeniería y experimentación social propia de una novela de terror
totalitario. Que ningún gobernante occidental en sus cabales sugeriría siquiera
en broma. Un puro delirio totalitario» (ABC, 18 enero 2011).
Todo esto
que nos parece inaceptable e incompatible con un Estado democrático y de
Derecho, incluso un auténtico disparate antropológico y corrosivo socialmente es
la España que estamos viviendo, sin que podemos proveer las consecuencias
futuras.
Se quiere agotar la legislatura con otro proyecto de ley del
Registro Civil, que suprime el ya histórico libro de familia que será sustituido
por registros individuales donde se inscribirán los hechos que afectan a una
persona a lo largo de su vida. El concepto de familia desaparece de golpe en el
Registro Civil español y queda sustituido por un individualismo completo, se
sustituye la institución familiar por los «ciudadanos» individualmente
considerados. Con ser significativa esta disposición, el proyecto pretende
cambiar el sistema de inscripción del nacimiento, estableciendo en su artículo
49 que «en la inscripción de nacimiento constarán los datos de identidad del
nacido consistentes en el nombre que se le impone y los apellidos que le
correspondan según su filiación […] La filiación determina los apellidos. Si la
filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común
acuerdo podrán decidir el orden de los apellidos». En caso de desacuerdo o
cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción,
el Encargado del Registro Civil determinará el orden de los apellidos según su
orden alfabético» (ABC, 4 noviembre 2010). Se alega para estos cambios
que «supone un paso más hacía la igualdad y termina con la diferencia de
géneros», y también que la elección consensuada de los apellidos de la
«criatura», terminará con el sentido de pertenencia a un grupo y de la
preocupación de continuar con un linaje. Como señala Jon Juaristi (ABC,
7 noviembre 2010), «El gobierno ha decidido terminar él solo con el
patriarcalismo y está que se sale […] Sostener que la alteración del orden
convencional de los apellidos termina con la “diferencia de
género&rdq
